Socialismo de la información: por qué las agendas políticas de las izquierdas deberían incluir el diseño de políticas públicas de lo abierto

Inés Binder

La era de la información y, en especial, sus tecnologías de comunicación habilitan un modelo de participación política que tiende a la descentralización y a la horizontalidad. Podemos tomar decisiones colectivas al instante, debatir estando lejos, difundir actividades, compartir materiales, documentar manifestaciones, denunciar de manera global violaciones locales a derechos humanos o hablar de igual a igual con las esferas de poder.

 “(…) la resistencia a la opresión es una tarea cotidiana protagonizada por gente anónima fuera de la atención mediática y que, sin esa resistencia, el movimiento democrático transnacional no es autosustentable”.

Boaventura Sousa Santos, La democratización de la democracia.

 

Quienes hace años vienen pensando en el socialismo, en esas maneras de organizarnos política y económicamente en sociedades equitativas y eminentemente éticas, nunca se imaginaron que las posibilidades técnicas de incidir de manera directa sobre la esfera pública e intercambiar opiniones y conocimiento serían tan accesibles.

Por eso, hoy por hoy, una agenda socialista debe necesariamente incluir una reflexión y apuesta por políticas públicas de lo abierto para que este modelo de participación política y dimensión digital de la vida no terminen de privatizarse. Hablamos de modelos de gobierno abierto y participativo, de transparencia de los datos públicos, de políticas de licenciamiento libre, de gestión distribuida de los bienes comunes, de la garantía de los derechos humanos en el entorno digital y la democratización de todas aquellas tecnologías que nos permiten participar de la vida en común de manera directa.

Modelo informacional y circulación del poder

Las tecnologías de comunicación modificaron la manera en que nos comunicamos e intercambiamos información entre pares. Con la masificación del acceso a Internet y de dispositivos informáticos la comunicación masiva dejó de estar en manos de grandes conglomerados mediáticos y se expandió a modelos descentralizados. Castells (2009) nos explica que la información ha sido siempre un bien preciado y que los detentores históricos del poder han reconocido en ella su valor estratégico. Por eso, han buscado tener control sobre los desarrollos tecnológicos para su creación y reproducción. Ocurrió con la escritura, ocurrió con la reproducción mecánica de textos, ocurrió con los medios electrónicos y seguirá ocurriendo con los sucesivos desarrollos tecnológicos.

La información ha sido siempre un bien preciado y que los detentores históricos del poder han reconocido en ella su valor estratégico. Por eso, han buscado tener control.

Pero, como David de Ugarte (2011), creemos que “tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder” y que “la tecnología, en especial la de comunicaciones, genera las condiciones de posibilidad de los cambios en la estructura de poder”. Es decir, un input tecnológico –que a su vez es cultural e ideológico- genera nuevas percepciones del mundo y nuevas maneras de interacción sujeto-sujeto-entorno. Debemos, entonces, prestar atención al modelo de participación social que nos habilita este entorno infocomunicacional y cómo podemos aprovecharlo para generar procesos de distribución de poder.

Si bien Benkler (2006) aclara que “el poder democratizador” de Internet debe ser comparado en relación a la capacidad comunicacional que permitía el sistema de medios masivos y no respecto a una utopía que se tenga sobre lo que puede llegar a ser Internet, él afirma que “la esfera pública en red permite a muchos más individuos comunicar sus observaciones y puntos de vista a muchos otros tantos, y lo pueden hacer de modos en que no puedan ser controlados por los dueños de los medios y de una manera no tan fácil de corromper por el dinero como ocurre con los medios masivos”.

La clave está en entender que la sociedad digital en red instala una serie de capacidades que dan sentido y configuran prácticas más allá del uso de Internet. Pensar en la idea de organización horizontal en red, en flujos de información de ida y vuelta y de muchos a muchos de manera masiva, o procesar información de distintas fuentes y sintetizarla en opiniones propias, son algunas de ellas.

Socialismo… o nueva sociedad distribuida

Sabemos que el capitalismo es un sistema basado en la exclusión que sobrevive a costa de la concentración de riqueza y poder. Ese es nuestro punto de partida para la construcción de un nuevo modelo: la distribución. ¿Y si imagináramos una sociedad organizada a semejanza de la topología a la que tiende Internet? ¿Podríamos organizar comunidades como nodos totalmente conexos? A eso es lo que llamamos socialismo y que Murray Bookchin (1984) denominó como municipalismo libertario: pequeñas comunidades organizadas en federaciones bajo los principios de libertad, conciencia de sí y cooperación. ¿Qué pensaría hoy Bookchin de la potencialidad de organización y conversación masiva, horizontal y distribuida que nos habilita Internet?

La sociedad digital en red instala una serie de capacidades que dan sentido y configuran prácticas más allá del uso de Internet.

Entendemos que los grandes dogmas políticos ya no nos dan una respuesta global a la realidad compleja, como un paquete de instrucciones o soluciones para acabar con la inequidad. Pero no es cuestión de desechar los grandes conceptos teóricos que han tratado de entender la realidad. Si creemos en una sociedad socialista, no es porque defendamos experiencias totalitarias de concentración de poder estatista o personalista. Por el contrario, tenemos como norte un modelo de sociedad incluyente, equitativa y ética que combata la concentración, la acumulación, el consumo y la especulación como valores supremos.

Entonces, si identificamos un atisbo de organización social en red en el modelo al que tiende Internet, de nodos distribuidos federados, es decir, unidos por alianzas, podemos ver que existen principios en común. La lucha contra la concentración de infraestructura, recursos, tráfico, riqueza o poder en favor de sistemas horizontales que promuevan la participación colectiva; la defensa de los bienes comunes ya sean el conocimiento, la cultura o los bienes de la naturaleza contra su mercantilización; la democracia participativa, en la que dejamos de ser meros consumidores o representados; la acción glocal, pensar globalmente y actuar localmente; o la transparencia, la libertad de expresión y asociación, el derecho a la privacidad, el acceso a la información, etc.

Políticas de lo abierto y fuerza transformadora

No es este el lugar para debatir sobre el rol de las izquierdas en la construcción política a nivel regional. Lo que sí podemos decir es que no son muchos los movimientos que incluyen políticas de lo abierto (en la gestión de la cultura y el conocimiento) en sus programas. Las reivindicaciones por la democratización de los medios de comunicación existen porque el sistema tradicional de medios unidireccionales nació y creció de manera ultraconcentrada en una clara vulneración al derecho a la comunicación. Pero hoy, el entorno infocomunicacional ha cambiado y sigue haciéndolo de manera vertiginosa.

Las reivindicaciones por la democratización de los medios de comunicación existen porque el sistema tradicional de medios unidireccionales nació y creció de manera ultraconcentrada en una clara vulneración al derecho a la comunicación.

Los gobiernos neodesarrollistas de la primera década del sigloXXI de América del Sur impulsaron algunas medidas en este sentido. Flok Society en el Ecuador de Rafael Correa, el Marco civil y NetMundial en el Brasil de Dilma Rouseff, o el decreto de migración a software libre y estándares abiertos de la Bolivia de Evo Morales, son algunas de las iniciativas impulsadas desde los Estados. No todas fueron parte de una política pública integral de gestión abierta del conocimiento sino acciones puntuales y, además, no todas han seguido un curso promisorio. Pero no por ello carecen de validez.

El punto aquí reside en que las agendas de construcción política de las izquierdas (socialistas, comunistas, obreras, sindicalistas, campesinas, de base y las de los movimientos sociales que pueden englobar su acción dentro del amplio espectro de la lucha anticapitalista) no incluyen iniciativas como la migración hacia software libre, por ejemplo, o el desarrollo de sistemas horizontales de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. No encontramos una visión de apertura y distribución en la gestión de los bienes comunes, en especial la cultura y el conocimiento.

Entendemos que muchas reivindicaciones históricas de los movimientos sociales hoy siguen vigentes. Las luchas por la ampliación de derechos laborales, la reforma agraria, la igualdad de género, o los derechos a salud y a educación gratuitas y de calidad, por ejemplo, todavía están lejos de verse saldadas. Sin embargo, esto no significa que las demandas no deban ampliarse a medida que las sociedades evolucionan. Si no, corremos el riesgo, nuevamente, de generar otras exclusiones. Y derecho que no se defiende, se pierde. En la configuración social y mediática de hoy, defender el derecho a una gestión abierta, colectiva y horizontal del conocimiento, la cultura y la comunicación, resulta primordial porque, entre otras cosas, habilita, por ejemplo, procesos de auditoría social y participación ciudadana.

La otra cara del asunto

Por otro lado, no debemos olvidar nuestro marco político de pensamiento socialista cuando hablamos del diseño y la implementación de políticas públicas de lo abierto. Aunque todavía sigamos pensando, criticando, construyendo, intercambiando y debatiendo sobre socialismo o como queramos llamar a esta nueva sociedad anticapitalista, equitativa y, por sobre toda las cosas, democrática; y si trabajamos por la democratización de la cultura y el conocimiento, es porque no creemos en la exclusión. Y, en ese contexto, nuestro planteamiento pierde fuerza si no explicitamos que la base de las desigualdades está en el sistema capitalista que acumula, concentra y excluye con sus mecanismos de apropiación y mercantilización de recursos a través de dos grandes estrategias: la guerra y la especulación financiera.

¿De qué nos sirve un gobierno abierto y participativo si las clases populares son analfabetas, si tienen que trabajar todo el día para apenas subsistir mientras la riqueza que generan se la dividen unos pocos? ¿Para qué queremos que se amplíe el uso de software libre si grandes porciones de la población no tienen acceso a terminales o a conexión de calidad? ¿De qué nos sirven políticas de acceso y divulgación científicas si sólo se impulsan los sectores financiados por las mega industrias farmacéuticas o las corporaciones de agronegocios?

Nuestro planteo no intenta priorizar algún derecho por sobre otro. Debe quedar claro que los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Pero, también, indivisibles. Pero si en este momento no incorporamos la pelea por la garantía de derechos humanos en el entorno digital y no lo hacemos con la perspectiva de la construcción de una sociedad superadora del capitalismo, habremos perdido una oportunidad democratizadora.

Ahora bien, el modelo de participación que aquí describimos es altamente susceptible al control, a la vigilancia y a los intereses políticos y del mercado. ¿Esto no hace mella, entonces, en todas sus características positivas de distribución del poder? Evidentemente, lo hace. Por eso no debemos olvidar que la construcción de políticas de lo abierto debe contrarrestar estas debilidades y fortalecer la protección de las libertades individuales y la garantía de los derechos colectivos de la ciudadanía.

Porque nuestra lucha contra ese monstruo llamado capitalismo no es otra cosa que una defensa acérrima de la vida en común, de la construcción colectiva y de una convivencia ética.

Las izquierdas tenemos que trabajar, entre otros temas, por la gobernanza global democrática de Internet y la neutralidad de la red; por la garantía a la libertad de expresión, el acceso a la información y las políticas de datos abiertos; por el derecho a la privacidad; por políticas públicas de apertura e innovación para la gestión abierta del conocimiento y la participación política; por la creación de capacidades para la sociedad de la información; por el desarrollo de infraestructura libre y distribuida; por la lucha contra la obsolescencia programada y la masificación del uso de software libre, entre otras cosas. Debemos luchar por principios políticos de lo abierto (la noción del conocimiento como patrimonio común o la participación distribuida en lo público) que se traduzcan en prácticas concretas de lo abierto (usar software libre o licencias libres, por ejemplo).

Todas estas acciones carecen de sentido si no se fortalecen los mecanismos para una participación política activa por parte de la ciudadanía para poder tomar decisiones que afectan lo público. Porque nuestra lucha contra ese monstruo llamado capitalismo no es otra cosa que una defensa acérrima de la vida en común, de la construcción colectiva y de una convivencia ética.

Bibliografía

BENKLER, Y. (2003), “La economía política del procomún2, en Novática mayo – junio 2003, Asociación de Técnicos de Informática, Barcelona.

BENKLER, Y. (2006), The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom, Yale University Press, New Haven.

BINDER, I. (2013), Con piedras en una mano y el celular en la otra. Potencia, fragilidad y resiliencia comunicacional en la revolución egipcia de 2011, Buenos Aires.

BOOKCHIN (1984), Seis tesis sobre municipalismo libertario, Instituto de estudios anarquistas, Santiago.

CASTELLS, M. (2009), Comunicación y poder, Alianza Editorial, Madrid.

DE UGARTE, D. (2011), El poder de las redes, Biblioteca de Las Indias, Bilbao.

GUTIERREZ, B. (2015), Nuevas dinámicas de comunicación, organización y acción social en América Latina. Reconfiguraciones tecnopolíticas.
SOUSA SANTOS, B. coord. (2004), Democratizar la democracia, Fondo de Cultura Económica, México.

 

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